Hace días fue publicado en El Nacional un artículo de opinión firmado por Eduardo Mayobre, titulado Allende y la izquierda democrática, en donde el autor, a razón de que en este año se cumplieron 100 años del nacimiento del ex-presidente Chileno, pretende demostrar la supuesta vigencia de su mensaje y su gestión gubernamental.El Sr. Mayobre también indicaba que en la época cuando Allende llegó al poder, los movimientos de izquieda en latinoamérica se ubicaban del lado radical revolucionario, representado por Fidel Castro, y en el otro extremo, la social democracia representada por Rómulo Betancourt. Para el autor, Allende representaba la tercera vía de la izquierda, la "vía chilena al socialismo", la implantación de un régimen marxista por vías democráticas.
El autor, como buen militante de la izquierda borbónica (esa, que como dice Petkoff, ni olvida ni aprende), intenta diferenciar al actual gobierno socialista marxista que dirige a Venezuela de esa vía chilena al socialismo, llegando a decir que Allende hubiese repudiado al gobierno de Hugo Chávez. El autor olvida, u oculta de manera intencionada, que el único resultado del socialismo marxista es el totalitarismo y la destrucción económica de los ciudadanos, y era la vía que el gobierno de Allende estaba tomando, pero cuyo resultado fue peor, la aparición de una terrible dictadura.
Para contestarle al Sr. Mayobre, hoy reproduzco un artículo de Lorenzo Bernaldo de Quirós llamado La Injustificada Canonización de Allende.
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La conmemoración del treinta aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende el pasado 11 de septiembre ha desencadenado una ola de comentarios y análisis en los cuales se canoniza la figura del derrocado presidente y se le convierte en una especie de mártir de la democracia. Sin duda, la larga dictadura instaurada por el general Pinochet y la brutal represión a la que dio lugar merecen una condena unánime. Sin embargo, la historia del fin del gobierno de la Unidad Popular es bastante distinta a la reflejada por una buena parte de los medios en estos días y muy diferente a como se contempló en su momento. Como expresaba The Economist en su editorial del 13 de septiembre de 1973: "La muerte transitoria de la democracia en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que atropellaron la Constitución".
La tragedia chilena no fue el producto de la casualidad ni de los intentos de las "fuerzas reaccionarias" de acabar con un proceso de cambio pacífico, sino el efecto directo del proyecto ideológico diseñado por el Partido Socialista de Chile. En sus congresos de Linares (julio de 1965) y de Chillán (noviembre de 1967), el PSCH se definía como marxista-leninista y proclamaba la legitimidad del uso de la fuerza como medio para alcanzar y/o mantener el poder. En el Congreso de Chillán, la resolución adoptada unánimemente por los compromisarios decía que "la violencia revolucionaria es inevitable y legítima... Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista". Obviamente de esta misma opinión eran los restantes miembros de la coalición allendista como el MIR o el Partido Comunista (Ver Julio Cesar Jobet, La Historia del Partido Socialista de Chile, Documentas, 1987)
A mediados de 1973, el ejercicio antidemocrático del poder por parte de Allende y de sus ministros le había conducido a un choque institucional abierto con los poderes legislativo y judicial. El 23 de agosto de ese año, la Cámara de Diputados por una mayoría de dos tercios y, el 26 de mayo, la Corte Suprema denunciaron la violación de los derechos constitucionales y de la legalidad practicadas por el gobierno. En un discurso pronunciado a los pocos días, el Presidente respondió: "En un período de revolución, el poder político tiene derecho a decidir en último recurso si las decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquier otra consideración. En consecuencia, el Ejecutivo tiene derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la justicia". Esta declaración es consistente con la formulada por su Ministro de Justicia el 1 de julio de 1972: "La revolución se mantendrá dentro del derecho mientras el derecho no pretenda frenar la revolución". Esta fue la base moral y política del alzamiento contra el gobierno de la Unidad Popular.
En su carta al Presidente de la Democracia Cristiana Internacional, 8 de noviembre de 1973, Eduardo Frei sintetiza la coyuntura chilena que desencadenó en el golpe de Estado en los siguientes términos: "Trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el marxismo leninismo. Para lograrlo aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo los Tribunales de Justicia... En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular y la creación de Tribunales Populares, algunos de los cuales llegaron a funcionar, como fue denunciado públicamente". De esta manera, el ex presidente Frei, cuyo partido había apoyado la elección presidencial de Allende, ponía de manifiesto las causas determinantes de la crisis.
La caída de Allende supuso un retroceso para las aspiraciones soviéticas de infiltrar y desestabilizar el continente iberoamericano, estrategia asumida por el Partido Socialista en su Congreso de Linares en el cual se abogaba por "promover un proceso de enlace y coordinación e integración de todos los movimientos revolucionarios de América Latina". A lo largo de sus tres años en el gobierno, la Unidad Popular había transformado Chile en un satélite cubano y daba pasos decisivos para convertir el país en un Estado comunista desde una base electoral del 32.6% de los votos y con minoría en el Parlamento. Como declaró a la prensa el futuro presidente del Chile democrático, Patricio Alwyn: "La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser si no una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista (La Prensa, 19 de octubre de 1973).
Todo esto sin contar con el abismo socioeconómico al que Allende llevó a Chile. La inflación se situó en el 350% antes del golpe de Estado. Las expropiaciones sin compensación, la pésima gestión macroeconómica, entre otros, se tradujeron en la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas. Una ola de huelgas sacudió el país ante la ineptitud del gobierno y la pobreza alcanzó límites desconocidos en Chile. Con su programa marxista en marcha, la Unidad Popular destruyó la economía chilena y situó al país al borde del precipicio. A pesar de todo, esa no fue la causa central ni principal de la asonada cívico-militar.
La intervención militar fue el resultado de una rebelión civil y parlamentaria ante la deriva del régimen de Unidad Popular hacia el totalitarismo. Allende tenía una limitada legitimidad de origen que destruyó mediante un ejercicio inconstitucional del poder. El resultado fue la entronización de un largo, injustificable y doloroso período de autoritarismo militar con una legión de ciudadanos exiliados, encarcelados y torturados. Ahora bien, Salvador Allende carece de títulos para figurar en el santoral o en el martirologio de la democracia chilena, como pretenden algunos, porque lideró un proyecto cuyo final hubiese conducido de manera inexorable a la destrucción del sistema democrático en Chile. Su trágica muerte merece compasión por el hombre, pero sobre todo por el país al que su sectarismo hundió en la negra noche de la dictadura; nunca más un Allende ni un Pinochet.